En los últimos días, la Consejería ha presentado su propuesta de gratuidad de libros de texto como una medida estrella en defensa de la escuela pública y de apoyo directo a las familias. Sobre el papel, el mensaje es claro y atractivo: aliviar el gasto económico de los hogares y garantizar el acceso a materiales educativos. Sin embargo, cuando se analiza en profundidad el modelo planteado, lo que emerge no es una apuesta real por la educación pública, sino un sistema cerrado, condicionado y planteado sin participación previa de la comunidad educativa, que compromete la autonomía de los centros, la labor docente y la calidad educativa.
Esta situación se evidenció en la reunión del pasado 17 de abril, donde la Consejería trasladó el modelo a los equipos directivos como una propuesta ya definida, generando un rechazo mayoritario y un clima de notable tensión. Lejos de abrir un espacio de diálogo, la reunión puso de manifiesto la voluntad de implantar una medida sin consenso, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de los centros.
A partir de ese momento, los equipos directivos se movilizaron y forzaron un segundo encuentro, celebrado el 22 de abril. En esta ocasión, la Consejería adoptó una posición diferente, limitada a recoger propuestas y a anunciar la elaboración de un nuevo borrador de resolución. No obstante, este cambio de actitud no vino acompañado de concreciones, y ya se ha advertido que determinados aspectos del modelo no serán modificados, lo que mantiene importantes dudas sobre el alcance real de esta supuesta apertura al diálogo.
A día de hoy, el escenario es de incertidumbre. Los centros educativos desconocen cómo se implementará finalmente este modelo el próximo curso, en un momento clave para la planificación académica y organizativa. Esta falta de claridad, unida a la forma en que se ha desarrollado todo el proceso, refuerza la percepción de que no se trata de una propuesta construida desde las necesidades reales de los centros, sino de un modelo que ha comenzado a revisarse únicamente tras el rechazo generalizado de quienes deben aplicarlo.
La otra cara de la inversión
Durante años, la comunidad educativa ha venido reclamando al Gobierno de Canarias una inversión real y suficiente en educación, acorde a lo que establece la ley, con el objetivo de fortalecer la escuela pública y mejorar sus condiciones. Sin embargo, cuando finalmente se plantea una inversión de este tipo, se hace a través de un modelo que no responde a esas demandas, sino que introduce un sistema cerrado, condicionado y diseñado sin la participación de quienes forman parte del sistema educativo.
Lejos de reforzar la educación pública, esta propuesta compromete la autonomía de los centros, limita la labor docente, condiciona las metodologías de enseñanza y genera incertidumbre organizativa. Además, se ha planteado sin diálogo previo con la comunidad educativa, sin tener en cuenta la experiencia de los centros y sin atender a las necesidades reales del sistema.
Todo ello está generando un sentimiento creciente de frustración en el profesorado y en los equipos directivos, que ven cómo, no solo no se atienden las reivindicaciones históricas en materia de inversión, sino que las decisiones que se adoptan lo hacen en una dirección que dificulta, en lugar de mejorar, la calidad educativa. Por ello, y más allá del mensaje que se traslada públicamente, este modelo debe ser revisado en profundidad para garantizar que cualquier inversión en educación responda verdaderamente al interés general y al fortalecimiento de la escuela pública.