Un nuevo protocolo que aligera papeles, pero no la carga
En la Mesa Técnica de 12 de marzo se informó de la revisión del protocolo de intervención ante riesgo suicida en los centros educativos de Canarias, reduciendo sus anexos de dieciséis a ocho y clarificando algunos procedimientos. La Consejería enfatiza que se trata de un marco de referencia obligatorio derivado de la normativa autonómica de prevención de la conducta suicida, que pretende unificar la detección, la intervención y la coordinación entre instituciones. Desde Docentes de Canarias INSUCAN recordamos que la existencia de un protocolo no puede servir de coartada para eludir la responsabilidad política de dotar de personal y tiempo a los centros, dependa de la administración de la que dependa (sanidad en este caso).
Salud mental del alumnado: la emergencia silenciosa
La propia Administración reconoce el incremento de los problemas de salud mental del alumnado, agravados tras la pandemia, en línea con lo que vienen alertando estudios y organizaciones profesionales. En la mesa se destacó la experiencia positiva de muchos centros que ya han aplicado el protocolo en situaciones complejas, poniendo en valor el trabajo de orientadoras, equipos de bienestar y profesorado tutor. Pero seguimos sin un reconocimiento claro de la sobrecarga que este contexto supone para la escuela pública canaria, especialmente en islas no capitalinas y entornos rurales. La normativa al respecto es clara los/as docentes somos garantes dentro de los centros de la seguridad y salud del alumnado, de lo contrario estaríamos cometiendo un delito de omisión de auxilio.
Escala Colombia, responsabilidad docente y seguridad jurídica
Uno de los puntos clave fue aclarar que el uso de herramientas de cribado del riesgo suicida (como la denominada “escala Colombia” u otras escalas análogas) tiene carácter preventivo y en ningún caso supone que el profesorado asuma funciones clínicas. Se insistió en que la ley obliga a disponer de un protocolo que, bien aplicado, debe proteger al personal docente al dejar claro que su papel es de detección, acompañamiento y activación de los circuitos sanitarios, no de diagnóstico ni tratamiento. Desde nuestro sindicato reclamamos garantías explícitas sobre la responsabilidad legal del profesorado cuando activa el protocolo, así como instrucciones escritas que despejen dudas y eviten que se traslade al aula la responsabilidad que corresponde al sistema sanitario, lo cual con la nueva redacción va a quedar mas claro.
Coordinación con Sanidad, enfermería escolar y psicología educativa
La Administración subrayó la necesidad de mejorar la coordinación entre Educación y Sanidad, tanto en la intervención inmediata como en el seguimiento y el cierre de los casos. Se incorpora la figura del programa de enfermería escolar y se abre la puerta a crear equipos de profesionales de salud mental por provincias, pero sin un calendario ni una planificación concreta para que esas figuras estén, de verdad, en todos los centros. Desde nuestro sindicato defendemos la implantación generalizada de enfermeras escolares y psicología educativa pública en los centros de toda Canarias (incluída La Graciosa), como parte de una estrategia de salud mental con financiación suficiente y no como proyectos piloto parciales.
Formación, tiempos y seguimiento: lo que falta en los centros
En la Mesa Técnica se reiteró la demanda de formación continua para el profesorado en detección y manejo de situaciones de riesgo, así como la necesidad de reuniones periódicas de seguimiento con quienes aplican el protocolo en los centros. La Administración recogió la propuesta de que en estas reuniones participen también representantes sindicales, para trasladar las inquietudes de la plantilla y evaluar el impacto real en la organización de los centros. Desde INSUCAN insistimos en que cualquier nueva tarea debe ir acompañada de reducción horaria, reconocimiento económico y refuerzos de plantilla: no aceptaremos que se cargue sobre las espaldas de un profesorado ya precarizado la respuesta a una crisis de salud mental que es estructural y social, y que exige recursos públicos y políticas valientes en todo el país canario.
Ruegos y preguntas: la agenda laboral que sigue pendiente
En el turno de ruegos y preguntas volvieron a quedar en evidencia los déficits organizativos y laborales que afectan especialmente al personal docente de las islas no capitalinas. Se mantiene pendiente el pago del transporte de La Graciosa y la modificación del aplicativo para que la octava isla sea visible, así como la situación del personal de residencias escolares como Hermano Pedro y Haría. Se informó de que la orden de pago de la coordinación de pendientes ya se ha publicado y solo resta que los centros lo certifiquen vía Pincel Ekade. Nuestro sindicato exige que se garantice un abono ágil y sin trabas burocráticas.
Volvimos a reclamar la normativa de gestión de las escuelas rurales y una respuesta clara sobre las nuevas coordinaciones impuestas a las direcciones de unitarias sin dotación horaria específica. Casos como el del un CER del norte de Gran Canaria —donde la coordinación del CER recae en quien además dirige un centro unitario, cobrando solo una coordinación y sin horas de descuento— son la expresión más clara de la sobreexplotación de la escuela rural.
Finalmente, se reiteró la demanda de:
- Cobro de todas las tutorías completas al profesorado a tiempo parcial.
- Reconocimiento económico por cada coordinación asumida.
- Modificación normativa que regule estas coordinaciones, con participación de la parte social en la mesa negociadora.
Desde nuestro sindicato seguiremos llevando a la Mesa Técnica la voz del profesorado de la pública canaria: defendiendo la salud mental del alumnado, sí, pero también la dignidad laboral, el tiempo y los derechos de quienes sostienen cada día las aulas de nuestro país.
DOCENTES DE CANARIAS -INSUCAN EN DEFENSA DEL PPORFESORADO DE CANARIAS