La Consejería de Educación ha presentado recientemente su propuesta de gratuidad de libros de texto como una medida dirigida a apoyar a las familias y reforzar la escuela pública. Sin embargo, tal y como se recoge en el documento analizado y presentado por nuestra organización sindical, este modelo, lejos de responder a las necesidades reales del sistema educativo, introduce importantes limitaciones que afectan directamente a la autonomía de los centros, la labor docente y la calidad de la enseñanza.
Desde INSUCAN consideramos que esta propuesta no puede ser aceptada en los términos actuales. Aunque compartimos el objetivo de aliviar la carga económica de las familias, no podemos respaldar un modelo que impone la selección de materiales a través de un catálogo cerrado de editoriales, que obliga a mantener durante cuatro años decisiones que deberían ser revisables y que condiciona la práctica educativa de los centros. Esta medida, además, supone un claro retroceso metodológico, al priorizar el uso del libro de texto frente a modelos pedagógicos más flexibles, innovadores y adaptados al contexto del alumnado.
A ello se suma una cuestión especialmente grave: el impacto organizativo. El sistema traslada a los equipos directivos una carga administrativa desproporcionada, obligándolos a gestionar pagos individualizados y a asumir funciones que nada tienen que ver con su responsabilidad educativa. Esta situación agrava una realidad ya existente, en la que los equipos directivos soportan una burocracia creciente que limita su capacidad para centrarse en el liderazgo pedagógico de los centros.
Asimismo, el modelo plantea serias dudas en términos de equidad, ya que los límites económicos establecidos no garantizan la cobertura real de materiales en todas las etapas, especialmente en Secundaria y Formación Profesional. Esto obligará a los centros a priorizar asignaturas, generando desigualdades que van en contra del principio de igualdad de oportunidades.
Otro de los aspectos más preocupantes es el efecto que esta medida puede tener en la relación con las familias. Mientras la administración presenta esta propuesta como una gratuidad generalizada, serán los centros quienes tengan que gestionar sus limitaciones, explicar sus carencias y dar respuesta a las dificultades que surjan. Esto puede generar una confrontación innecesaria entre familias y profesorado, situando a los centros en una posición injusta ante una decisión que no han tomado.
Por todo ello, desde INSUCAN manifestamos nuestra más rotunda oposición a la aplicación de este modelo en sus términos actuales. Entendemos que no se trata únicamente de una cuestión organizativa, sino de un planteamiento que afecta al fondo del sistema educativo y a la manera en que se concibe la enseñanza en nuestra comunidad.
En consecuencia, hemos presentado una propuesta formal en la que, como medida prioritaria, exigimos la paralización inmediata de este modelo y la apertura de un proceso de diálogo real con toda la comunidad educativa. Consideramos imprescindible que cualquier iniciativa de este calado sea construida de manera participada, teniendo en cuenta la experiencia de los centros, el criterio del profesorado y las necesidades reales del alumnado.
Solo desde el consenso, el respeto a la autonomía de los centros y una planificación adecuada será posible desarrollar un modelo que verdaderamente contribuya a fortalecer la escuela pública canaria y a mejorar la calidad educativa.