Hoy 21 de febrero hemos asistido a dos mesas con la administración, Mesa Técnica la primera y Sectorial la segunda.
En la primera mesa el orden del día era el siguiente:
1. Procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 2025/2026 para el personal docente no universitario que presta servicios en los centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Insistimos en la idea de que se pueda cobrar el verano a las personas contratadas a curso completo, y que ese límite de fecha vaya desde el actual 20 de septiembre hasta el 30 del mismo mes. La Consejería alega, como siempre, “problemas presupuestarios” para no conceder dicha petición.
- Solicitamos también que las plazas parciales que deriven del CALPLAN sean con contrato hasta el 31 de agosto.
- Hemos exigido que se hubiera aplicado la Orden de Comisión de Servicios que se había negociado largamente desde el curso pasado, que planteaba modificaciones sobre las Comisiones por Necesidades Docentes: reducción del número de comisiones, mayor control de estas tanto por el claustro como por la inspección, y que las Comisiones de Salud pasaran a estar por delante de las anteriores en la orden de prioridad para su concesión. La Consejería alega imposibilidad de tiempo para poderla aplicar este curso, cosa que ni entendemos ni aprobamos.
En la segunda mesa (Sectorial), los temas a aprobar eran los siguientes:
1. Aprobación del procedimiento de Adjudicación de destinos provisionales del curso 2025/2026.
Queda aprobado dicho procedimiento de Adjudicación para el próximo curso con la abstención de todos los sindicatos y el voto en contra nuestro, por los argumentos expuestos más arriba.
2. Aprobación de la Convocatoria de Oposiciones.
-Nuestro sindicato ha votado en contra de la convocatoria al cuerpo de maestros y de FP (en este caso proponemos que se convocaran en este año y los exámenes se pasaran a 2026). Sí hemos votado a favor de la convocatoria de Secundaria, pues según el principio de alternancia tocaba este cuerpo en 2025.
-La Consejería argumenta que las plazas que aún quedan de la oferta de empleo público de 2022 se podrían perder si no se convocan, ya que el plazo legal para hacerlo es de tres años. Asimismo, insiste en que Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público obliga a reducir la tasa de interinidad y exige que se convoquen procesos selectivos. Ante este argumento, queremos trasladar tanto a la Consejería como a los sindicatos que apoyan la convocatoria del cuerpo de maestros que esas plazas no se pierden. Simplemente bastaba con sacar la convocatoria este año y poner los exámenes en 2026, para que hubiera un tiempo prudencial para poder preparar dichas pruebas. Además, seguimos considerando y luchando para que haya un modelo de oposición
específico para el profesorado interino, y no seguir mercantilizando un negocio que beneficia solamente a preparadores y academias (y a los sindicatos que los promueven).
Seguiremos luchando por lograr tener un sistema de oposiciones justo, que exista la doble vía que siempre hemos defendido para diferenciar las plazas, que se pueda lograr la estabilidad más que merecida,…
3. Ruegos y preguntas.
- Con respecto al requerimiento hecho a varios docentes por parte del Colegio de Biólogos, la Consejería ha dicho que también la administración ha sido denunciada. Nos transmiten que el Gobierno de Canarias va a defender judicialmente la no obligatoriedad de la colegiación, y quedará todo pendiente hasta que se pronuncien en sede judicial.
- En cuanto a algunos casos en los que no se están produciendo el pago de la coordinación de la FCT en FP, la Consejería contesta que van a preguntar sobre el tema al Viceconsejero de Formación Profesional y al departamento de nóminas.
- Con respecto a algunos casos de accidente laboral de funcionarios de carrera con opción de asistencia sanitaria pública que no han sido atendidos por la mutua, nos dicen que van a preguntar al servicio de prevención para que hablen con la mutua.
- Hemos vuelto a interpelar una vez más sobre qué va a ocurrir con el profesorado interino con más de tres años de servicio, la DGP contesta que no se va a cesar a nadie porque no hay normativa reguladora que obligue a ello. Se estudiará también la posibilidad de que el profesorado interino una vez cumpla los tres años en un centro sea trasladado a otro diferente, como manera de “sortear” las imposiciones legales de la Ley 20/21.