Exigir el 5% del PIB para la educación pública no es una cifra abstracta, es la única vía para rescatar a la escuela canaria de su estancamiento histórico.
En el Eje 0 de nuestro programa sindical, desde Docentes de Canarias – INSUCAN denunciamos el incumplimiento sistemático de la Ley 6/2014 por parte del Gobierno de Canarias. Analizamos la brecha de inversión, la paradoja presupuestaria frente al discurso oficial y exigimos un plan de choque financiero que garantice recursos reales para la atención a la diversidad, la bajada de ratios y la dignificación de la enseñanza pública. Conoce nuestras propuestas y únete a la defensa de un futuro digno para Canarias.
1. Justificación socioeconómica y política
Desde Docentes de Canarias – INSUCAN denunciamos de forma sistemática que la falta de recursos y las carencias estructurales que padece el sistema educativo no son un problema puntual de gestión, sino la consecuencia directa de una financiación insuficiente y de un incumplimiento legal continuado por parte del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Educación y el Ejecutivo autonómico han justificado reiteradamente la falta de inversión bajo el pretexto de que «no hay más dinero». Sin embargo, la educación pública no puede ser un argumento de oportunidad política en periodos electorales ni estar sujeta a la discrecionalidad de los ciclos económicos. Tal como enmarca el propio preámbulo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, esta comunidad demanda un sistema dotado con una financiación acorde a sus necesidades reales, ejecutada bajo criterios de estricta eficacia y eficiencia.
Frente a la disculpa institucional, defendemos que la enseñanza no es una partida opcional: es un derecho constitucional, un compromiso ético y una obligación legal explícita. Por ello, la financiación educativa constituye una inversión de enormes repercusiones socioeconómicas. Los sectores que conforman la comunidad socioeducativa exigen que se garantice como prioridad absoluta en el archipiélago por su incalculable rentabilidad individual y social, actuando como el motor estratégico imprescindible para generar progreso, bienestar y transformar el futuro de Canarias.
Alcanzar el umbral del 5 % del PIB no responde a una mera contabilidad abstracta: significa asegurar los recursos indispensables para mejorar de forma radical las condiciones en las que aprende el alumnado. Esto se traduce en reforzar con garantías el personal de atención a la diversidad, dotar adecuadamente los comedores escolares con auxiliares educativos, continuar reduciendo las ratios en las aulas, renovar de manera integral las infraestructuras, consolidar la generalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años y culminar la implantación de una FP Dual debidamente financiada. Son decisiones con un impacto directo e inmediato en las oportunidades de la infancia y la juventud, teniendo siempre presente que los recursos que no se destinan cuando se necesitan no pueden compensarse jamás con los años.
2. Marco Normativo y Exigencia Jurídica
El marco regulador de la educación no universitaria en Canarias tiene su pilar fundamental en la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación (LCE). En su Título VII y, de forma imperativa, en su Artículo 72, se establece una senda progresiva de incremento presupuestario para situar el gasto educativo no universitario, como mínimo, en el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago:
Artículo 72.3.: «El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5 % del producto interior bruto».
A pesar de haber transcurrido holgadamente el plazo legal previsto, la Administración autonómica sigue ignorando flagrantemente el mandato del Parlamento de Canarias. Ante esta dejación de funciones, INSUCAN ha formalizado por registro institucional instancias exigiendo el cumplimiento real, inmediato y efectivo de la ley.
Este blindaje financiero cuenta con respaldo estatal a través del Artículo 155.2 y la Disposición adicional octava de la LOMLOE, que ordenan planes específicos para elevar el gasto público educativo hasta ese mismo suelo del 5 %. Asimismo, los informes recientes del Consejo Escolar del Estado van más allá, exigiendo metas orientadas a alinear la inversión con los estándares de nuestro entorno socioeconómico europeo:
Garantizar un gasto educativo del 7 % del PIB para 2026, excluyendo los fondos estructurales, y aumentar progresivamente esta inversión para alinearla con la media de los países de nuestro entorno. Este incremento debe permitir una adecuación financiera acorde con las necesidades y demandas educativas actuales –tal como establece el artículo 155 de la LOE–, asegurando un gasto educativo básico por estudiante que garantice el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva y de calidad.
3. Contexto Histórico, Evolución y Análisis de Datos Presupuestarios
El incumplimiento de la Ley Canaria de Educación sitúa a la comunidad autónoma en una paradoja presupuestaria y en un estancamiento histórico:
- Perspectiva Histórica (2002 vs. actualidad): Canarias llegó a situarse en el año 2002 a la cabeza del Estado español en esfuerzo presupuestario educativo, rozando niveles de inversión alineados con la media europea. Tras los recortes de la crisis económica de 2008 y la prolongada falta de ejecución del mandato legal de 2014, Canarias cayó a los vagones de cola en inversión por alumno y porcentaje sobre del PIB.
- La Brecha de Inversión Actual (4,0 % – 4,2 % vs. 5,0 % legal): Pese a que la inversión en educación ha aumentado nominalmente en los últimos ejercicios, lo ha hecho a un ritmo menor que el producto interior bruto canario. Frente al mandato legal del 5,0 % del PIB, los presupuestos ejecutados han oscilado entre el 4,0 % y el 4,2 %.
Fuente: Gobierno de Canarias
- Déficit Financiero Cuantificado: Alcanzar el cumplimiento efectivo del 5 % del PIB exige una inyección económica adicional de entre 600 y 800 millones de euros anuales en el presupuesto de la Consejería de Educación.
- Oportunidad en el Sistema de Financiación: La llegada de fondos adicionales de la financiación autonómica debe servir prioritariamente para saldar esta deuda histórica con la escuela pública canaria, revirtiendo la tendencia de pérdida de peso relativo de la educación dentro del presupuesto general de la Comunidad Autónoma.
- La Contradicción Institucional y el Discurso Oficial: Este incumplimiento legal choca frontalmente con los propios compromisos programáticos del Ejecutivo autonómico, que proclama formalmente que la educación y la Formación Profesional constituyen el eje estratégico del crecimiento, el bienestar y la generación de empleo en el archipiélago. Tal como reza el acuerdo programático del Gobierno de Canarias:
«Nos marcamos como objetivo fijar en la Educación y en la Formación Profesional el eje de nuestro crecimiento inmediato y futuro, disponiendo de los recursos necesarios para hacer a cada alumna y alumno protagonistas del sistema sobre la base de que disponen de un gran potencial a desarrollar en una nueva era caracterizada por el impacto de la tecnología y la globalización, una era en constante cambio y evolución; pero también una era con una gran diversidad entre las personas y desigualdades en el acceso a los recursos y las oportunidades en la sociedad».
En la misma línea, las directrices aprobadas para la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias de 2027 establecen que las cuentas autonómicas del último ejercicio de la legislatura persiguen consolidar la transformación del archipiélago, priorizando el bienestar en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y, de manera primordial, fijando la educación como la base para el progreso personal y social, el desarrollo económico y la creación de empleo. Sin embargo, la realidad de los presupuestos ejecutados evidencia que estas declaraciones programáticas no se traducen en la asignación del 5 % del PIB que exige la Ley Canaria de Educación.
4. Medidas y Compromisos Presupuestarios Exigidos por Docentes de Canarias-INSUCAN
- Cumplimiento Estricto del Artículo 72 de la Ley 6/2014: Compromiso presupuestario vinculante en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para alcanzar de forma inmediata el 5 % del PIB destinado a la educación pública no universitaria, y compromiso del aumento progresivo hasta alcanzar el 7% que marca los informes recientes del Consejo Escolar del Estado para alinearnos con los estándares de nuestro entorno socioeconómico europeo.
- Blindaje del Presupuesto Educativo: Establecimiento de una cláusula de salvaguarda presupuestaria para que la inversión en educación nunca pueda descender del umbral legal del 5 %, independientemente de las fluctuaciones macroeconómicas.
- Calendario de Ejecución y Plan de Choque Financiero: Publicación de un calendario plurianual transparente por parte de la Consejería de Hacienda y la Consejería de Educación que concrete la inyección de los recursos económicos pendientes para saldar la deuda histórica con la escuela pública canaria.
- Comisión de Seguimiento de la Financiación Educativa: Creación de un órgano de fiscalización con representación de las organizaciones sindicales para supervisar la correcta asignación, gestión y ejecución del presupuesto educativo.