¿Qué hace un equipo directivo en cualquier centro público de Canarias?… y por qué en una escuela rural todo esto recae en una sola persona.
Ser director/a de un centro público implica mucho más que “coordinar”. Es liderazgo pedagógico y organizativo; es garantizar el cumplimiento normativo; es gestionar personal, horarios, sustituciones y convivencia; es velar por el presupuesto, inventario, contratos menores y mantenimiento; es rendir cuentas con planos y memorias; es representar al centro ante la Administración, familias y comunidad; es seguridad, protección de datos, prevención de riesgos, plan digital, y proyectos.
En un IES grande o en un CEIP urbano, estas funciones se reparten entre equipo directivo y personal de administración: dirección, jefatura de estudios, secretaría, auxiliar administrativo… Pero en una escuela rural —con unidades multinivel,
dispersión geográfica, recursos limitados y muchas veces integradas en un CER— esa separación desaparece. No hay equipo directivo. No hay personal administrativo. Todo lo que hacen un secretario, una jefatura de estudios, un auxiliar y el propio director, recae en una sola persona. Y conviene recordarlo: aunque haya menos alumnado, las obligaciones legales, los registros, los procedimientos, los informes, los protocolos y los estándares de calidad son exactamente los mismos.
Además de la docencia directa, esa dirección rural atiende el teléfono, abre la puerta, resuelve incidencias de transporte y comedor, tramita autorizaciones, gestiona plataformas, medios con ayuntamientos, coordina con servicios sociales y EOEP,
mantiene el inventario TIC y activa el plan de autoprotección y muchas más tareas que se me pueden estar pasando por alto. Y ahora, la Consejería pretende añadir a golpe de una nueva normativa tres coordinaciones —Bienestar, Igualdad y Patrimonio— a las directoras/es de las Escuelas Rurales como si el tiempo, la energía y la salud fueran infinitos. Es una decisión que evidencia una profunda falta de criterio y un desconocimiento real del trabajo diario en nuestros centros.
Un ejemplo que revela un problema sistémico: más procedimientos, menos realidad.
El caso de la dirección rural no es una anécdota: es el espejo de una deriva general. La Consejería añade procedimientos, actividades, protocolos, coordinaciones y proyectos, mientras en las aulas de Canarias seguimos con los mismos cuerpos, el mismo reloj y un contexto cada vez más complejo. Se legisla y se ordena como si cada nueva capa de burocracia no tuviera costo humano, como si el profesorado no tuviera límites, ni familia, ni derecho a desconectar.
No somos un recurso inagotable. Sin inversión, sin contrataciones suficientes, sin apoyos reales en administración, orientación y servicios, el discurso de “calidad educativa” es papel mojado. La ecuación es sencilla: si se quiere más (más proyectos, más planos, más coordinaciones, más informes), hace falta más plantilla y más tiempo protegido. De lo contrario, la sobrecarga se traslada íntegramente a quienes sostienen la escuela cada día. Y eso tiene consecuencias: fatiga crónica, estrés, bajas, pérdida de vacaciones, deterioro del clima escolar. Repercute en nuestra salud mental y en nuestras familias. Y, al final, repercute también en el aprendizaje del alumno que decimos priorizar.
No se puede pedir excelencia pedagógica mientras se recorta en ponderaciones horarias, se ignoran las especificidades de la ruralidad y se multiplican las tareas accesorias. La calidad no nace de una orden publicada: se construye con tiempo, equipos suficientes, estabilidad y cuidado.
Es tiempo de poner límites.
Todo esto deja una conclusión clara: la Consejería ni es consciente de la magnitud del problema ni parece dispuesta a frenarlo. Por eso es momento de parar. Es momento de que el profesorado diga BASTA. Dejar de aceptar, como si fueran inevitables, órdenes, normativas y protocolos desconectados de la realidad del aula y de todos los centros públicos de Canarias, pero en este caso especialmente en el medio rural.
Decir NO a la sobrecarga no es negarse a mejorar: es exigir condiciones reales para hacerlo. Es pedir coherencia entre lo que se pretende y lo que se dota. Es reclamar inversión, contratación y apoyo administrativo y técnico para sostener lo que se ordena desde un despacho.
Y es hora también de hacer preguntas que ya no pueden postergarse:
● ¿Por qué no se tienen en cuenta las solicitudes y peticiones del profesorado?
● ¿Por qué no se invierte cuando es evidente que es necesario?
● ¿Por qué las mesas técnicas donde se reúne la Consejería y se toman las
decisiones no son públicas?
● ¿Qué pretenden ocultar?
● ¿Qué esperan que no se entere el profesorado de Canarias?
Cuidar a quien cuida:
Canarias necesita recursos, no más papeles, esto evidencia que la Consejería está desconectada de nuestra realidad.
Si de verdad queremos una educación de calidad en Canarias, empecemos por cuidar a quienes la hacen posible. Sin cuidar a las personas, no hay proyecto educativo que se sostenga. Es tan simple —y tan urgente— como eso.