“La inclusión real exige presupuestos, recursos humanos y menos burocracia, no solo declaraciones de intenciones”
- El sindicato analiza el contenido de la presentación oficial del borrador del anteproyecto de ley de atención a la diversidad, expuesta en la sede de la Dirección Territorial de las Palmas de la Consejería de Educación, recordando que una norma marco debe dotarse urgentemente de los desarrollos normativos y económicos necesarios para no dejar al profesorado solo ante el reto de la diversidad.
- INSUCAN valora positivamente la introducción de enfoques contextuales, perfiles sanitarios y la intervención inmediata, pero advierte de que el colapso actual en las aulas ordinarias y en los centros exige compromisos presupuestarios tangibles.
Canarias, 5 de septiembre de 2026
El pasado viernes 4 de septiembre, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes —a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, encabezada por D. David Pablos González— presentó a los colectivos y organizaciones sindicales las líneas generales del borrador del nuevo Anteproyecto de Ley por la que se regula la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario en la Comunidad Autónoma de Canarias, a la espera de que el documento sea remitido a principios de la próxima semana.
Desde Docentes de Canarias-INSUCAN, sindicato netamente canariocentrista y enfocado en la defensa de las condiciones sociolaborales del profesorado de las Islas y de la escuela pública, hemos analizado minuciosamente el contenido de dicha presentación oficial a la luz de nuestras reivindicaciones históricas. Si bien valoramos cualquier paso dirigido a modernizar un marco normativo obsoleto, desde INSUCAN exigimos rigor, financiación y, sobre todo, medidas reales que alivien la sobrecarga que soporta el profesorado canario.
Una norma marco que llega sin resolver los procedimientos ni las ratios inmediatas
El anteproyecto presentado se configura estrictamente como una norma marco. Esto significa que cuestiones tan críticas y reclamadas por este sindicato como los procedimientos concretos, las ratios máximas por aula o los modelos normalizados de informes quedan diferidos a un posterior y complejo desarrollo reglamentario (mediante futuros decretos sobre convivencia, atención a la diversidad y orientación).
Desde INSUCAN advertimos que el profesorado canario está cansado de transiciones normativas que se demoran años mientras las aulas sufren carencias estructurales severas. La ley debe venir acompañada de una memoria económica real y ejecutiva que garantice que las intenciones legislativas no se queden en papel mojado.
Luces y sombras de las principales novedades planteadas
Entre las medidas anunciadas por la Consejería, el sindicato destaca y matiza los siguientes aspectos clave:
- Enfoque contextual y ecológico frente al déficit: Se valora positivamente desplazar el foco de puramente clínico hacia una valoración integral que contemple el entorno familiar, social y educativo. Asimismo, celebramos la inclusión de medidas orientadas a la intervención inmediata ante necesidades evidentes, evitando que la burocracia y la espera de diagnósticos oficiales bloqueen la respuesta educativa temprana.
- Aulas Enclave y Centros de Educación Especial (CEE): El texto abre la puerta a un modelo de escolarización combinada (compartiendo jornada entre el aula ordinaria y la unidad específica) y redefine los CEE como centros de apoyo y recursos zonales. Desde INSUCAN vigilaremos de cerca que esta transformación no suponga un trasvase encubierto de recursos sin el debido incremento de plantillas especializadas (PT, AL y profesorado de apoyo).
- Incorporación de perfiles profesionales especializados: Se contempla la llegada de perfiles muy demandados, como terapeutas ocupacionales y personal sanitario en los CEE (con previsión de apoyo a la zona). INSUCAN recuerda que estas figuras llevaban años reclamándose ante la total ausencia de cobertura normativa y su implantación debe hacerse extensiva y suficiente.
- Formación obligatoria del profesorado: Se establece la obligatoriedad de la formación en materia de atención a la diversidad y bienestar. Desde INSUCAN exigimos que esta formación se realice siempre dentro de la jornada laboral lectiva y dotada de los recursos necesarios, evitando cargar con más obligaciones fuera del horario de trabajo a un profesorado ya saturado.
- Bienestar Digital y Coordinación Interinstitucional: Se valora la creación de un Plan de Bienestar Digital , fundamental para regular el uso de pantallas en etapas tempranas como Infantil.
- Constitución de una Comisión Permanente de coordinación entre Educación, Sanidad y Bienestar Social, una histórica demanda para evitar que los centros educativos asuman competencias socio-sanitarias que no les corresponden.
- Órganos de supervisión (Observatorio de Educación Inclusiva): Se creará un órgano específico encargado de evaluar, supervisar datos y asesorar sobre el funcionamiento del sistema inclusivo, un mecanismo que desde INSUCAN exigimos que sea transparente y cuente con representación real de los docentes de la escuela pública. La postura de INSUCAN: Sin recursos, la inclusión es abandono institucional
La postura de INSUCAN: Sin recursos, la inclusión es abandono institucional
Desde Docentes de Canarias-INSUCAN lo tenemos claro: la escuela inclusiva no puede construirse sobre las espaldas de un profesorado exhausto y desbordado. En cuanto recibamos el texto del borrador a principios de la próxima semana, continuaremos profundizando en su estudio. Exigimos una apuesta firme por la docencia compartida real, la reducción efectiva de ratios y una bajada drástica de la burocracia administrativa que ahoga la labor docente diaria.
Estaremos vigilantes durante todo el trámite para garantizar que esta futura ley sea el inicio de una transformación profunda dotada de los recursos presupuestarios y humanos que la educación pública canaria merece.(INSUCAN: Por una inclusión real: video 1, video 2)
Docentes de Canarias-INSUCAN
Por una enseñanza pública de calidad y unos derechos laborales justos.