La inclusión educativa no se consigue únicamente con compromiso, también necesita planificación, inversión y recursos humanos suficientes.
Cuando faltan profesionales especializados, las consecuencias las asume toda la comunidad educativa: el alumnado recibe menos apoyos de los que necesita y el profesorado se enfrenta a una carga que no debería recaer sobre sus hombros.
Defender una educación pública de calidad pasa por exigir que cada centro cuente con los recursos necesarios para responder a la realidad de sus aulas. Porque garantizar la igualdad de oportunidades no es una opción, es una responsabilidad colectiva.