Es indudable el aumento de los casos de salud mental que se están produciendo en nuestra sociedad, algo ya refrendado por todos los especialistas en el tema (especialmente a raíz de la pandemia de COVID con el confinamiento obligatorio al que se sometió toda la sociedad). Ello ha llevado a un alarmante aumento de los casos de salud mental en la población escolar, agravado por el uso y sobre todo abuso de las redes sociales por parte de este segmento de población, así como los numerosos problemas sociofamiliares a los que nuestros chicos/as tienen que enfrentarse.
También observamos un aumento notable de patologías de salud mental por parte del profesorado que derivan de lo anterior, más los problemas inherentes a su profesión: sobrecarga de trabajo, exceso de burocracia, agresiones verbales y físicas por parte de alumnos y padres, etc.
La Consejería de Educación, haciéndose eco de esta preocupación social y por indicación de los especialistas en salud mental, ha elaborado un protocolo para la prevención de las conductas suicidas del alumnado en los centros escolares. No dudamos en ningún momento de la buena voluntad de los responsables políticos y de su preocupación por tan sensible situación, pero creemos que este protocolo tiene numerosos errores que deben ser corregidos.
No se puede dejar en manos de los docentes tan importante responsabilidad, sobre todo porque tampoco tenemos la formación adecuada para ello. Creemos que deberían incrementarse los recursos para la contratación de personal sanitario que pueda ir a los centros a informar al alumnado, informar y formar al profesorado y sobre todo ser ellos/as quienes puedan actuar ante cualquier caso si se encuentran en ese centro, o bien poder ser localizados rápidamente por teléfono si la urgencia así lo requiriera. Debemos de dar prevención, intentar entender y abordar las causas subyacentes que pueden llevar a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida. La formación en este campo proporciona herramientas fundamentales para identificar los factores de riesgo, intervenir de manera adecuada y ofrecer apoyo a aquellos que lo necesitan.
¿Y los docentes? ¿Quién se preocupa por la salud mental de los docentes, cada vez más deteriorada? Estamos absolutamente a favor de buscar todos los medios para atajar las conductas suicidas de nuestros/as adolescentes, porque son ellos el futuro de nuestra sociedad, pero nos preocupa que las administraciones públicas, especialmente la educativa, no implemente medidas urgentes y satisfactorias para mejorar la salud mental del profesorado.
Solicitamos que el protocolo para la prevención de conductas suicidas entre la población escolar sea revisado y mejorado, de manera que implique más contratación de personal sanitario asignado a centros escolares y se rebaje la enorme responsabilidad hacia el profesorado sobre este tema, muchos de los cuales se verían en la paradójica situación (y nada agradable) de tener que abordar un posible caso de conducta suicida por un problema de salud mental en un alumno/a, siendo el mismo/a docente quien también necesitara esa ayuda.
Disposición sí, pero también más medios humanos y materiales para llevarlo a cabo, sin olvidar tener en cuenta al docente como víctima de todo este problema, no solo al alumnado.