La falta de un intérprete de lengua de signos obliga a docentes con discapacidad auditiva a hacer todo lo posible para que su alumnado entienda, trabajando en condiciones de clara desigualdad. Esta situación no solo afecta a la calidad educativa, sino que incumple la normativa vigente —Ley 27/2007, Real Decreto 674/2023 y Real Decreto Legislativo 1/2013— que garantiza el derecho a la accesibilidad y a los ajustes necesarios en el ámbito laboral.
Cuando no se incorpora a tiempo un intérprete de lengua de signos, no solo se retrasa un recurso administrativo, sino que se genera una realidad injusta en el aula: docentes con discapacidad auditiva que, pese a la falta de medios, hacen todo lo posible para que su alumnado entienda, redoblando esfuerzos, adaptando continuamente su comunicación y sosteniendo la clase con un sobreesfuerzo constante que no debería ser necesario.
No hablamos de comodidad, hablamos de dignidad profesional y de calidad educativa. Porque enseñar no debería depender del sacrificio individual, sino de contar con los medios adecuados desde el primer día.
El intérprete no es un apoyo puntual. Es la vía que permite que la comunicación fluya, que el conocimiento llegue y que el proceso educativo se desarrolle con normalidad. Sin él, se rompe algo esencial en el aula: la igualdad de oportunidades.
¿Permitiríamos que un docente impartiera clase sin voz? Si la voz es la herramienta de cualquier docente, el intérprete de lengua de signos lo es para quien tiene discapacidad auditiva. Negarlo es negar la propia enseñanza.
Desde INSUCAN se hace pública esta reivindicación , manifestando su apoyo a este colectivo docente y reiterando su compromiso con la defensa de sus derechos laborales, profesionales y de accesibilidad dentro del sistema educativo.