Lo ocurrido ayer, martes 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, vuelve a demostrar una realidad que el profesorado canario y, de manera especialmente grave, los equipos directivos llevan demasiado tiempo denunciando: la Consejería de Educación actúa con improvisación, traslada responsabilidades a los centros y toma decisiones sin medir ni la repercusión ni la carga de trabajo que genera sobre quienes sostienen día a día la educación pública. En menos de una hora, los equipos directivos recibieron la orden de organizar la salida anticipada del alumnado, suspender comedor y actividades extraescolares y reorganizar de urgencia toda la jornada escolar, para recibir poco después una nueva comunicación que anulaba la anterior y obligaba a mantener la actividad lectiva presencial. No estamos ante una simple rectificación: estamos ante un nuevo ejemplo de descoordinación, de falta de previsión y de una gestión que vuelve a recaer, una vez más, sobre los hombros de los centros.
Cada decisión de este tipo tiene consecuencias inmediatas sobre miles de familias y activa un enorme dispositivo organizativo en colegios e institutos. Hay que informar con urgencia a las familias, reorganizar al claustro, preparar al alumnado, revisar comedor, catering y actividades extraescolares, coordinar salidas y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Y cuando apenas 50 minutos después se cambia de criterio, todo ese trabajo se multiplica, el desgaste aumenta y la incertidumbre se instala en los centros. Pero, además, lo que la Consejería no tuvo en cuenta es que muchas de las medidas activadas con la primera orden ya no podían deshacerse sin más. En algunos centros ya se había comunicado la suspensión a las familias, algunas ya habían ido a recoger a sus hijos, se habían reorganizado servicios, se habían cancelado actividades y, en determinados casos, el servicio de catering del comedor ya había sido anulado o incluso retirado. Es decir, la segunda orden no devolvía la situación al punto de partida, porque había decisiones que ya eran irreversibles.
Y esto agrava todavía más la sensación de improvisación, porque no estamos hablando de un cambio motivado por un empeoramiento de la situación que obligara a extremar las medidas, sino de una marcha atrás que pretendía deshacer una instrucción previa sin valorar las consecuencias reales que ya había provocado. Ahí es donde se ve con más claridad la desconexión entre quien dicta la orden y quien tiene que ejecutarla. Muchos equipos directivos volvieron a verse obligados a decidir sobre la marcha qué podían mantener, qué no podían recuperar y cómo atender a unas familias que, con razón, se encontraban desconcertadas y molestas. Pensemos, por ejemplo, en docentes que estaban trabajando en un centro mientras sus hijos estaban escolarizados en otro: recibieron el aviso de que debían ir a recogerlos, intentaron reorganizar su jornada o buscar ayuda familiar y, poco después, llegó una nueva instrucción que en muchos casos ya no solucionaba nada, porque el comedor ya estaba cancelado o los niños ya habían sido recogidos. Todo esto ha generado frustración, malestar y una sensación de desamparo que no puede seguir normalizándose.
Desde INSUCAN lo decimos con claridad: si a los equipos directivos y al profesorado se nos exige cada vez más, también exigimos el mismo nivel de responsabilidad, rigor y conciencia a quienes dictan las órdenes desde la Administración. No se puede gobernar la educación pública a golpe de correo, de improvisación y de cambios de criterio de última hora, como si detrás de cada instrucción no hubiera un esfuerzo enorme, una organización compleja y una repercusión directa sobre la vida de miles de personas.
Pero lo sucedido ayer no solo deja en evidencia la improvisación de la Consejería. También vuelve a poner sobre la mesa otra realidad que no se puede seguir ocultando: el abandono del mantenimiento de muchos centros educativos públicos. Desde INSUCAN nos preguntamos cuántas de las averías, filtraciones, humedades, inundaciones, goteras o desperfectos que se produjeron ayer podrían haberse evitado si el mantenimiento de los centros se hubiera hecho correctamente. Sabemos que se trató de una situación meteorológica extraordinaria, pero también sabemos que muchas de las escenas vividas —equipos directivos y docentes achicando agua con fregonas, colocando cubos o palanganas para contener goteras, evitando charcos y riesgos para alumnado, profesorado y familias— no responden solo al temporal, sino también a una falta continuada de mantenimiento que lleva demasiado tiempo siendo denunciada por los propios centros.
Nos consta que hay municipios donde el mantenimiento funciona de manera aceptable, pero también somos plenamente conscientes de que en otros ayuntamientos esta gestión es claramente insuficiente, especialmente en los colegios de Infantil y Primaria, donde esta competencia recae en las corporaciones locales. Tenemos constancia de casos especialmente preocupantes en ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria y Telde, entre otros, aunque no son los únicos, donde los equipos directivos trasladan de forma reiterada incidencias y desperfectos sin que se actúe con la rapidez y la eficacia necesarias, si es que se actúa. Y ese silencio, esa dejadez y esa falta de respuesta también terminan descargándose sobre los centros y sobre quienes están al frente de ellos.
Por eso, desde INSUCAN volvemos a reivindicar algo tan básico como urgente: que se escuche a los equipos directivos, que se atiendan sus avisos, que no se les siga utilizando como el último recurso para sostener todas las carencias del sistema y que se invierta de verdad en educación pública. Porque no se puede seguir funcionando como si los equipos directivos y el profesorado tuvieran jornadas de 72 horas, energía inagotable y capacidad ilimitada para asumir nuevas tareas, nuevas responsabilidades y nuevas urgencias. No se puede seguir exigiendo inclusión, calidad, atención personalizada, seguridad y respuesta inmediata sin poner los recursos necesarios para hacerlo posible. Hace falta más inversión, más mantenimiento, más personal administrativo, más auxiliares, más orientación, más profesionales sanitarios, más profesorado de apoyo y menos burocracia. Hace falta una Administración que deje de improvisar, que asuma sus competencias y que respalde de verdad a los centros.
Defender la educación pública canaria no consiste en seguir cargando sobre los hombros de los equipos directivos y del profesorado todo aquello que la Administración no resuelve. Defender la educación pública significa invertir, planificar, escuchar y actuar. Y eso es exactamente lo que hoy está faltando.