Desde INSUCAN queremos trasladar nuestra profunda preocupación ante el cambio en la oferta de dobles titulaciones recogido en la Resolución publicada en el BOC nº 250 de 18 de diciembre de 2025, en relación con la oferta educativa de Formación Profesional para el curso 2026/2027. Acceso a la resolución
Nos encontramos ante un cambio organizativo que, lejos de mejorar el sistema, introduce desigualdades, limita la flexibilidad formativa y genera incertidumbre tanto en el alumnado como en el profesorado de todas las familias profesionales de la FP en Canarias.
Un modelo que rompe la equidad del sistema
El nuevo planteamiento establece, en determinados casos, un modelo de doble titulación en tres cursos académicos consecutivos, impidiendo que el alumnado obtenga una titulación completa al finalizar el segundo curso.
Este hecho supone una quiebra clara del principio de igualdad de oportunidades recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, así como del derecho a una educación en condiciones de equidad (artículo 27). Tal y como se ha evidenciado desde distintos centros, el alumnado de unos centros podrá titular en dos años, mientras que en otros deberá esperar tres para obtener exactamente la misma titulación.
Esta situación genera un agravio comparativo injustificado dentro del propio sistema público educativo canario.
Vulneración de los principios del sistema de Formación Profesional
La Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional establece como pilares del sistema:
- La flexibilidad de los itinerarios formativos
- La progresión a lo largo de la vida
- La mejora de la empleabilidad
Sin embargo, el modelo impuesto limita claramente estos principios. Impedir la obtención de un título tras dos años rompe la lógica de progresión del sistema y dificulta la inserción laboral del alumnado, especialmente de aquel que necesita incorporarse al mercado de trabajo en el menor tiempo posible.
Asimismo, el Real Decreto 659/2023 permite diferentes configuraciones de dobles titulaciones, sin imponer un modelo único. Por tanto, la decisión adoptada por la administración autonómica no responde a una obligación normativa, sino a una opción organizativa que debería haber sido debatida y consensuada con la comunidad educativa.
Un modelo alejado de la realidad del alumnado y del entorno productivo
La experiencia acumulada en los centros de Canarias demuestra que una parte significativa del alumnado opta por incorporarse al mercado laboral tras finalizar un ciclo formativo de dos años, o bien continuar su formación en otros itinerarios.
Forzar un modelo de tres cursos sin titulación intermedia ignora esta realidad y penaliza especialmente a quienes necesitan una inserción laboral temprana.
Además, este planteamiento no tiene en cuenta las limitaciones reales del tejido productivo en muchas islas, especialmente en lo relativo a la disponibilidad de empresas para acoger alumnado en formación en empresa, elemento clave en el nuevo sistema de FP dual.
Impacto en el sistema público y en el profesorado
El cambio en la organización de las dobles titulaciones no solo afecta al alumnado. También tiene consecuencias estructurales sobre el sistema:
- Posible reducción de grupos y plazas disponibles
- Riesgo de disminución de plantillas docentes
- Desajustes en la planificación educativa de los centros
- Pérdida de atractivo de determinadas ofertas formativas
Lejos de fortalecer la Formación Profesional pública, estas medidas pueden debilitarla si no se corrigen a tiempo.
La alternativa existe: flexibilidad, autonomía y equidad
Desde INSUCAN defendemos un modelo de Formación Profesional que:
- Respete la autonomía organizativa de los centros
- Permita diferentes itinerarios adaptados a cada realidad
- Garantice la posibilidad de titulación en dos años
- Mantenga la opción de ampliación formativa posterior
- Asegure la igualdad de condiciones para todo el alumnado
El propio marco normativo vigente contempla estas posibilidades. No hay ninguna razón pedagógica, social ni legal que justifique la imposición de un modelo único más restrictivo.
Conclusión
La Formación Profesional debe ser un instrumento de cohesión social, empleabilidad y desarrollo económico para Canarias. Sin embargo, decisiones como la adoptada en esta resolución ponen en riesgo estos objetivos.
Desde INSUCAN exigimos a la Administración educativa:
- La revisión inmediata del modelo de dobles titulaciones
- La garantía de equidad entre centros y alumnado
- La aplicación de criterios transparentes y públicos
- La apertura de un proceso real de diálogo con la comunidad educativa y las organizaciones sindicales
La FP canaria necesita estabilidad, planificación y coherencia. No puede construirse desde la imposición ni desde modelos que reducen derechos y oportunidades.