Comienza la mesa con la presentación por parte de la administración de la aplicación “Observatorio de nombramientos docentes”, para mejorar la gestión interna de los nombramientos de profesorado. Dicha aplicación registra los nombramientos desde el 1 de septiembre por periodo, cuerpo, territorio, isla y características del nombramiento. Este sistema ayuda a anticipar las necesidades futuras de nombramientos y a perfeccionar los procedimientos para los próximos cursos escolares. Entre otras cosas, esta aplicación identifica los centros con alto volumen de nombramientos, distinguiendo entre vacantes y coberturas de ausencias. Finalmente, se ha abordado principalmente la organización y justificación del sistema de nombramientos docentes y la complejidad de la planificación educativa.
Temas principales
- Se explicó que los más de 4.300 nombramientos desde el 1 de septiembre no equivalen todos a vacantes, sino que incluyen sustituciones, permisos, comisiones, jornadas parciales, volantes y ampliaciones.
- Se defendió el calendario de nombramientos espaciados, acordado con Recursos Humanos y direcciones territoriales, como un equilibrio entre el derecho del alumnado a tener profesor desde el inicio y el derecho del docente a ser nombrado en tiempo y forma.
- Se insistió en que una “fecha posterior” de nombramiento no implica retraso, sino un trabajo continuo para garantizar el orden de lista y la rigurosidad técnica en los nombramientos.
- La Directora General de Personal recalcó que no se mezclan todas las vacantes y situaciones en un único llamamiento para evitar desorden, y que se respeta estrictamente el orden de lista, aunque eso genere quejas cuando aparecen nuevas vacantes tras una sustitución ya adjudicada.
- Se reconoció que el principal problema detectado es de comunicación: muchos interinos no conocen bien cómo funciona el sistema de la consejería y eso alimenta rumores (como la idea de que se “guardan plazas”), pese a que se afirma que se sigue un orden objetivo.
- Se describió el esfuerzo técnico y el desarrollo de varias aplicaciones internas para gestionar datos y nombramientos.
- Se explicó también acerca de la elevada complejidad de la planificación: aumentos de grupos por matrículas tardías, necesidades de atención a alumnado específico, cambios de centros, descuentos organizativos, modelos y anexos que se actualizan entre junio y septiembre y que pueden alterar la tipología de los centros y las necesidades de orientación y profesorado.
Acuerdos
- No se explicitó un cambio de modelo ni una modificación inmediata del sistema de nombramientos; más bien se reafirmó el mantenimiento del esquema actual (nombramientos espaciados, respeto al orden de lista y tratamiento separado de vacantes y otras situaciones).
Próximos pasos
- Como línea de mejora se señaló la necesidad de comunicar más y mejor el funcionamiento del sistema de nombramientos y de planificación, aunque se asuma que pueda generar críticas, para que las reclamaciones se basen en información real y no en suposiciones.
Se habló también de los graves problemas para cubrir ciclos de FP y deportivos, que a menudo requieren ofertas a servicios públicos de empleo y la renuncia a algunos requisitos formales.
Se incrementan las plazas de “volante” de Primaria de 33 a 43, priorizando centros rurales, educación especial y aulas enclave
Plazas parciales y compartidas: Hay cerca de 1.000 plazas parciales; la conversión de más plazas a compartidas de jornada completa está limitada por horarios ya cerrados, especialmente en Secundaria.
También se informa de que finalmente solo unas ocho personas quedan sin trabajo mientras 2.746 interinos obtienen nombramiento este año que antes no tenían.
Necesidad de regular determinadas normas: Ambas partes coinciden en valorar la inclusión de reglas claras sobre guardias de recreo, horas en centros compartidos y reducciones para mayores de 59 en futuras normas de organización.
En los últimos minutos de la reunión se trataron principalmente cuestiones organizativas de próximas reuniones de negociación, el proceso de oposiciones y problemas de gestión interna en la planificación de personal y normas.
- Impacto de las elecciones sindicales y logística de sobres: Se señala que las elecciones sindicales ocuparán buena parte del tiempo del trimestre y que hay dificultades logísticas con los sobres electorales, dado que existe una única empresa distribuidora a nivel nacional; se está trabajando en presupuestos y se anuncia que, una vez cerrada la contratación, se comunicará a todos qué empresa se utilizará1.
- Oposiciones y definición de cuerpos y plazas: Se subraya la necesidad de definir cuanto antes las plazas de oposición para no llegar a diciembre sin cifras claras. INSUCAN solicita aclarar en esta primera reunión que el cuerpo a convocar será el de secundaria, para terminar con rumores y dar orientación a aspirantes que están decidiendo matrículas y preparación.
- La administración confirma que la idea es convocar un único cuerpo y que, si no hay cambios de última hora, no habría oposición en el cuerpo de maestros; la negociación sobre el número de plazas se abordará en una reunión específica, ya que el cálculo de plazas y jubilaciones es complejo y genera el debate recurrente sobre la interinidad.
En los últimos minutos de la reunión se ha profundizado en el borrador del protocolo de protección para docentes víctimas de violencia de género, incidiendo en que se articula como un procedimiento único para aspirantes a la docencia y personas integrantes de listas de empleo, con refuerzo de la confidencialidad y centralización de la información en la unidad para el bienestar del profesorado.1
Se ha destacado el papel de la unidad para el bienestar del profesorado como órgano informador, asesor y coordinador de las medidas, adaptadas tanto a la organización de los centros como a la movilidad del personal docente.
Asimismo, se ha pedido que el protocolo no sea un instrumento “estanco” sino sujeto a revisión periódica, con espacios donde la administración informe a las organizaciones sindicales o a la mesa de seguimiento del plan de igualdad sobre la aplicación real del protocolo, las dificultades detectadas y posibles mejoras o medidas innovadoras más allá del mínimo legal.