Acabar con la hipertrofia burocrática y recuperar la autonomía pedagógica es indispensable para que el profesorado pueda centrarse en su única función esencial: enseñar.

En el Eje 8 de nuestro programa sindical, desde Docentes de Canarias – INSUCAN denunciamos el «coste invisible» del papeleo y la saturación de aplicativos informáticos que asfixian la salud mental y restan tiempo al aula. Exigimos una reducción drástica de la carga administrativa, la implantación de personal administrativo en los centros (PAS) para liberar a las plantillas, el cumplimiento del 5% del PIB para la educación pública y el respeto estricto a la autonomía orgánica y de centro (Decreto 81/2010). Conoce nuestras medidas y únete a la defensa de una labor docente digna y sin burocracia estéril.


1. Diagnóstico del exceso de Burocracia Administrativa: El «Coste Invisible» y el Grito de Auxilio Docente

Desde Docentes de Canarias-INSUCAN denunciamos que el sistema educativo no universitario en Canarias padece una hipertrofia burocrática insostenible que asfixia la labor pedagógica diaria. El profesorado canario se ha visto paulatinamente despojado de su función esencial —la enseñanza, la atención al alumnado y la acción tutorial— para transformarse en un gestor administrativo forzado a alimentar un entramado infinito de aplicativos informáticos.

  • El «Coste Invisible» de la Burocracia: Detrás de la proliferación de memorias, programaciones analíticas, evidencias digitales y registros repetitivos, existe un impacto severo en la salud mental de las plantillas (estrés, síndrome de burnout, ansiedad y sobrecarga fuera del horario lectivo). Esta carga invisibilizada no mejora el aprendizaje del alumnado ni la calidad del sistema, pero consume el tiempo que debería dedicarse a la preparación de clases, la innovación y la atención a la diversidad.
  • Impacto Social de los Recortes no Revertidos: La burocratización no puede desvincularse de la falta de inversión y la pérdida de derechos desde la crisis de 2012. Aunque el gasto educativo debería alcanzar el 5 % del PIB fijado en el art. 72.3 de la Ley Canaria de Educación, los presupuestos del Gobierno de Canarias han retrocedido hasta un insuficiente de poco más del 4%. Esta infrafinanciación traslada al profesorado la carga organizativa que debería cubrirse con mayor plantilla y recursos.
  • El Falso Discurso de la Modernización: La transformación digital de la Consejería de Educación no ha simplificado los procesos; al contrario, ha multiplicado los requerimientos de cumplimentación. Los entornos informáticos exigen una redundancia constante de datos que convierten la gestión en una carrera de obstáculos burocráticos sin fin.


2. Confrontación de Discursos: La «Propaganda de la Consejería» frente a la Realidad en las Aulas


Para comprender el abismo entre las promesas políticas y la práctica docente cotidiana, contrastamos la posición institucional con el diagnóstico real de INSUCAN:

AspectoPosición Oficial de la Consejería de EducaciónRealidad Contrastada por INSUCAN
Plan Institucional de DesburocratizaciónAnuncia avances en mesas técnicas, comités de simplificación e implantación de aplicaciones (como Doramas) prometiendo reducciones de hasta el 50 % en la carga administrativa.Titulares sin impacto en el aula: Las iniciativas institucionales se quedan en declaraciones de intenciones o en ajustes superficiales. La carga real no disminuye; únicamente se redistribuye o se traslada a nuevos formularios digitales.
Plataformas Informáticas (Pincel Ekade y derivados)Sostiene que las herramientas digitales centralizan y automatizan la gestión de los centros educativos.Herramientas rígidas e ineficientes: Redundancia de datos, duplicidad de registros y fallos informáticos recurrentes en momentos críticos del curso (evaluaciones, entregas de programaciones). El profesorado actúa como «grabador de datos» de la Administración. El profesorado debe navegar entre múltiples plataformas inconexas (Pincel Ekade, Pincel Ekade Web, Alisios, Gescentros, CAU_CE, Frontal de Dirección, EVAGD)
Autonomía PedagógicaPresume de un marco normativo que otorga flexibilidad a los centros docentes.Tutelaje y burocratización de la LOMLOE: La burocracia ligada a la evaluación por competencias y a las situaciones de aprendizaje ha cercenado la libertad de cátedra y la autonomía orgánica garantizada en el Reglamento Orgánico de Centros (Decreto 81/2010).
Atención a los Equipos Directivos y DocentesAsegura que se está liberando de «papeleo» a los equipos directivos para centrarse en el liderazgo pedagógico.Colapso administrativo: Los equipos directivos destinan más del 50 % de su jornada a tareas burocráticas, requerimientos de inspección y memorias, desatendiendo la coordinación pedagógica y la convivencia.


3. Contexto Estatal y Autonómico: Un Muro Común en la Educación Pública

El descontento frente al exceso de burocracia es una constante en las reivindicaciones del conjunto del profesorado a nivel canario y nacional:

  • Involución Pedagógica por la LOMLOE: La implementación de los nuevos currículos ha impuesto un modelo hiperburocratizado de programación y evaluación. La sobrecarga de desgloses de criterios, competencias clave, descriptores operativos y evidencias documentalizadas ha primado la justificación formal del proceso sobre la docencia real.
  • Consenso Sindical frente a la Inacción Administrativa: Informes como los del Consejo Escolar de Canarias y el posicionamiento de las distintas centrales sindicales tanto en Canarias como en el resto del Estado respaldan que el problema trasciende lo corporativo: la sobrecarga debilita la eficacia docente y deteriora la calidad de la enseñanza pública; los supuestos «planes de simplificación» de las distintas Administraciones públicas han fracasado por no abordar la raíz del problema: la desconfianza institucional hacia la labor docente y la exigencia de fiscalización administrativa constante. Se exige la reversión inmediata de los recortes (horas de coordinación, reducción de ratios, horarios en la nueva FP DUAL y compensaciones por exceso de horario lectivo) para aliviar la saturación mental y emocional de las plantillas.


4. Respeto a la Autonomía Orgánica y Pedagógica (Reglamento Orgánico/ Decreto 81/2010)

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, reconoce la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros. Sin embargo, la Consejería de Educación ha desvirtuado este principio mediante un intervencionismo burocrático permanente.

Desde Docentes de Canarias-INSUCAN exigimos la restitución plena de la autonomía pedagógica de los Claustros de Profesorado y los Departamentos Didácticos. El profesorado debe tener libertad para diseñar sus programaciones y criterios de aula sin estar encorsetado en plantillas digitales estandarizadas que priman el cumplimiento del formato y la fiscalización, sobre la efectividad pedagógica.


5. Catálogo de Reivindicaciones Concretas

Para lograr una desburocratización real, Docentes de Canarias-INSUCAN exige la puesta en marcha inmediata de las siguientes medidas:

  1. Reducción Drástica del «Papeleo» e Impagables Tareas Administrativas:
    • Eliminación de memorias duplicadas, planes redundantes y solicitudes de datos que ya obran en poder de la propia Consejería de Educación.
    • Supresión de la obligación de justificar documentalmente cada micro-decisión pedagógica tomada en el aula.
  2. Simplificación y Unificación de los Aplicativos Informáticos:
    • Rediseño integral de Pincel Ekade y herramientas asociadas para simplificar la introducción de calificaciones y la elaboración de programaciones.
    • Volcado automático de datos institucionales para evitar que el profesorado reintroduzca la misma información en múltiples soportes.
  3. Simplificación del Modelo de Evaluación y Programación:
    • Flexibilización en la redacción de las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje, eliminando la exigencia de desgloses burocráticos innecesarios que no aportan valor a la enseñanza.
  4. Respeto a la Libertad de Cátedra y Autonomía de Centro:
    • Aplicación efectiva del Decreto 81/2010, permitiendo que cada Claustro defina los instrumentos de evaluación y la metodología docente adaptada a su contexto social y educativo, sin imposiciones uniformadoras de la Inspección Educativa.
  5. Delimitación estricta de funciones docentes y dotación de Personal Administrativo en Centros Educativos:
    • Delimitación estricta de funciones docentes para evitar que el profesorado o los equipos directivos asuman tareas administrativas, mecánicas o de conserjería.
    • Implantación generalizada de la figura del Administrador de Centro y ampliación sustancial de las plantillas del Personal de Administración y Servicios (PAS: auxiliares administrativos, conserjes, personal de mantenimiento y auxiliares educativos) en todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, liberando a los Equipos Directivos y al profesorado de tareas puramente burocráticas y asistenciales.
  6. Restitución de Horas Lectivas de Gestión, Coordinación y Compensación:
    • Incremento de horas para Jefaturas de Departamento, coordinaciones (TIC, Mediación, Igualdad, PRL) y seguimiento de Formación en Empresas/Tutorías en Formación Profesional.
    • Reducción de horas de permanencia para el profesorado de Educación Infantil y Primaria.
    • Dotación de horas de gestión suficientes para equipos directivos unipersonales en escuelas unitarias.
  1. Auditoría Externa de Carga Burocrática:
    • Realización de una evaluación independiente sobre las horas efectivas que el profesorado dedica a tareas no lectivas, fijando por normativa un límite máximo infranqueable para garantizar que la prioridad absoluta del docente vuelva a ser el alumnado.
  2. Simplificación Normativa y Cumplimiento del 5 % del PIB:
    • Creación de un texto articulado y un directorio indexado por temáticas que unifique la dispersa normativa de organización y funcionamiento de centros (PGA, PEC, NOF).
    • Cumplimiento estricto del art. 72.3 de la Ley Canaria de Educación destinando el 5 % del PIB a la Educación Pública, como base económica imprescindible para financiar las plantillas y servicios necesarios que pongan fin al colapso burocrático.

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