Desde DOCENTES DE CANARIAS – INSUCAN, queremos manifestar con claridad nuestra posición sobre la reconstrucción del CEIP La Laguna y de las infraestructuras educativas de la isla de La Palma tras la erupción volcánica.
Consideramos que es absolutamente imprescindible reconstruir y garantizar infraestructuras básicas y esenciales para el sostenimiento de la vida en las zonas afectadas. Los centros educativos no solo son espacios de enseñanza, sino núcleos vertebradores del tejido social y familiar de los barrios y municipios.
En el caso del CEIP La Laguna, su reconstrucción no es un lujo ni una opción, sino una necesidad urgente que responde a la presencia real de población en la zona, aunque en condiciones precarias. Lo mismo debe decirse del centro Rotary La Palma, que ha venido a sustituir a unitarias como la de Todoque. Esta red de centros justifica sobradamente su existencia y requiere atención inmediata.
La falta de inversión: una losa para la educación canaria
Antes de continuar, es importante recordar qué es un concierto educativo. Se trata de un acuerdo entre la administración y centros privados, mediante el cual estos reciben financiación pública para ofrecer plazas escolares gratuitas o parcialmente subvencionadas.
En su concepción original, los conciertos educativos están pensados como una medida excepcional y temporal, destinada a cubrir necesidades sobrevenidas allí donde la red pública no tiene capacidad para atender a todo el alumnado. Por tanto, su uso debería ser limitado y justificado.
Desde DOCENTES DE CANARIAS – INSUCAN, queremos dejar claro que respetamos profundamente el derecho de las familias a elegir centros privados, pero defendemos y reclamamos una educación pública de calidad, accesible para todos, como piedra angular de la equidad y la cohesión social.
Lamentablemente, lo que observamos en Canarias es que el recurso al modelo concertado ha dejado de ser una solución de emergencia para convertirse en una vía estructural, que desvía fondos públicos y debilita progresivamente el sistema público educativo.
Todo esto ocurre en un contexto preocupante: Canarias destina apenas el 4,02% de su PIB a la educación, una cifra muy por debajo del mínimo legal y moral del 5%. Pero no solo eso: según nuestras estimaciones y la deuda educativa acumulada de años anteriores, la inversión necesaria para este curso debería situarse en torno al 8,59% del PIB para garantizar una verdadera equidad y calidad educativa.
A esto se suma otro dato alarmante: el desproporcionado crecimiento de la educación concertada en Canarias. Mientras la educación pública ve cómo se congelan las plantillas, no se reducen las ratios y se posponen inversiones, la educación concertada ha pasado de 725 unidades en 2017/2018 a 856 en 2022/2023. Un crecimiento que desvía recursos públicos a modelos que no garantizan igualdad de acceso ni transparencia, consolidando un sistema paralelo que resta fuerza a lo público.
Una planificación que nunca existió
Es importante recordar que antes de la erupción volcánica, ya debería haber existido una planificación territorial y educativa que permitiera una respuesta eficaz y ordenada. Sin embargo, la realidad fue otra: no se tomaron medidas preventivas, se mantuvo el semáforo amarillo de forma indefinida y no se protegieron ni los bienes ni a las personas de forma eficiente.
Tras la erupción, lejos de aplicarse una ordenación territorial coherente, la gestión ha sido errática. La prueba está en la instalación de una tubería sobre la fajana en contra de la ley de costas y del sentido común, en la ausente o inconsistente planificación agrícola, y en la nula ordenación urbana de los espacios perdidos, que sigue anclada en una realidad preexistente ya desaparecida. Cabe señalar que esta situación no es fruto únicamente de la crisis volcánica, sino también de una larga trayectoria de mala gestión previa, que si bien no es objeto de análisis en este texto, es importante tener presente, pues explica la realidad actual como resultado de décadas de nula planificación y limitada capacidad de respuesta institucional.
Sin esta planificación, no se han podido establecer las necesidades reales de infraestructuras educativas. Y como resultado, centros como el CEIP La Laguna siguen sin ser una realidad concreta, o lo son solo como propuesta frágil, sin respaldo firme ni garantías de ejecución.
El coste, la construcción y la ausencia de prioridad política
Por si fuera poco, los recursos públicos son finitos, y mientras se recauda más por IGIC gracias al turismo, cada vez se invierte menos en algo tan esencial como la educación. Esta situación no solo afecta al presente, sino que consolida el subdesarrollo estructural de Canarias y especialmente de La Palma.
Un ejemplo claro es el Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos de Aridane, cuya construcción está paralizada desde hace años. Su estructura fantasmagórica está a escasos metros de los contenedores donde aún hoy siguen viviendo familias afectadas por la erupción. Una planificación habitacional adecuada podría haber dado lugar a la construcción de barrios dignos que habrían hecho innecesaria esta situación de emergencia perpetua.
Otras injusticias que agravan la situación
A todo esto se suma una situación profundamente injusta que afecta directamente a las personas damnificadas por la erupción: actualmente no se está aplicando la bonificación del 60% del IRPF en las nóminas, a pesar de que fue anunciada como una medida de alivio para los afectados. Además, salvo en la primera ocasión, esta reducción fiscal no se está aplicando correctamente, ya que se está concediendo a cualquier nuevo residente en la isla, sin tener en cuenta si fue o no damnificado.
Desde nuestro punto de vista, esta bonificación debería aplicarse exclusivamente a quienes vivían en la isla al menos entre 6 y 9 meses antes de la erupción, y no a personas que han seleccionado La Palma como destino posteriormente con el objetivo de beneficiarse fiscalmente. Esta política mal ejecutada está perjudicando directamente a los trabajadores y residentes previos a la erupción, maltratándolos institucionalmente e incluso empujándolos a abandonar la isla al ser desplazados por quienes acceden a recursos y beneficios que no les corresponden.
Así se destruye una comunidad, mientras desde los despachos se presentan como logros «el dinero invertido», que en realidad no se destina a quienes verdaderamente lo necesitan, sino que se reparte de forma arbitraria y muchas veces acaba saliendo fuera de la isla, sin contribuir a su reconstrucción real ni al impulso estructural que requiere. La falta de una política justa y de una planificación real profundiza aún más las heridas abiertas por la erupción y por décadas de gestión endogámica y errática.
Esto demuestra una vez más que la reconstrucción que necesita La Palma no es solo física, sino estructural. No hablamos solo de viviendas, centros escolares o carreteras. Hablamos de una planificación pública seria, con criterios sociales y de justicia. La reconstrucción de esta isla no debe depender de estrategias cosméticas ni de titulares, sino de políticas públicas con visión de futuro.
Conclusión
La reconstrucción educativa no puede hacerse con retazos ni con discursos vacíos. Requiere:
- Una inversión inmediata para el presente curso que alcance el 8,59% del PIB, tal y como indican los cálculos que compensan el déficit acumulado y garantizan una educación pública digna.
- Como los injustos presupuestos actuales ya han sido aprobados y no contemplan dicha inversión, el próximo presupuesto autonómico deberá reflejar una inversión mínima del 9,57% del PIB, resultado de sumar el porcentaje necesario (5%) más la diferencia no invertida este curso (0,98%). Ese debe ser el nuevo suelo, no el techo.
- Revisión del modelo de financiación, reduciendo el gasto en concertada e impulsando lo público.
- Planificación territorial real, centrada en la nueva realidad post-erupción.
- Compromiso político y administración eficaz, sin más improvisaciones.
Desde INSUCAN seguiremos reclamando lo que es justo para La Palma y para toda Canarias. Porque sin educación no hay futuro, y sin planificación no hay justicia ni desarrollo.
CEIP La Laguna, Rotary La Palma, el CIFP y tantas otras necesidades no son opcionales: son derechos pendientes.