RECHAZO A LA MALA PRAXIS DE ALGUNOS INSPECTORES

Ante las numerosas y contrastadas reclamaciones y quejas recibidas por parte de muchos compañeros, DOCENTES DE CANARIAS INSUCAN (DCI) queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la manera en que han estado desempeñando su trabajo ALGUNOS MIEMBROS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.

Para que no haya dudas, queremos dejar muy claro que nos referimos a ALGUNOS INSPECTORES, y no al conjunto de la Inspección Educativa ni a la mayoría de los Inspectores que, en nuestra modesta opinión, realizan su trabajo de manera irreprochable.

Una vez aclarado esto, y ante el notable incremento que se ha producido durante este curso de casos de docentes que se han sentido intimidados, amedrentados y/o amenazados, nos sentimos obligados a denunciar esta situación, y a exigir a la Inspección educativa y a la Consejería de Educación que tomen cartas en el asunto y corrijan estas actuaciones completamente desviadas de los principios que deben regir la labor de Inspección Educativa, a saber (entre otros):

• (…) “contribuir a mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo…”
• “Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y obligaciones…”
• “Orientar y asesorar a equipos directivos, responsables de servicios educativos, órganos colegiados y órganos de coordinación docente en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.”
• “Participar en la evaluación de la función directiva y la labor profesional docente mediante procedimientos objetivos y conocidos por los interesados”.
• (…)

(Decreto 59/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.)

Son muchos, más de lo habitual, los docentes que a lo largo de este curso nos han hecho partícipes de situaciones que, a nuestro entender, no deben tener cabida en los centros educativos públicos. Con el agravante (en la mayoría de casos) de que dichos docentes prefieren aguantar y no trasladar la reclamación o queja por escrito en el centro, en Inspección o en instancias superiores, por miedo a represalias o consecuencias aún peores de las que están padeciendo.

Este tipo de actuaciones que queremos denunciar chocan, además de con la normativa vigente, con las reiteradas manifestaciones de los principales responsables de la Consejería de Educación y Universidades sobre la DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES, como principal objetivo de las tareas de Inspección en los centros. Con ALGUNOS INSPECTORES, nada más lejos de la realidad.

La necesaria y loable búsqueda de la reducción del fracaso escolar no puede centrarse EXCLUSIVAMENTE en presionar y culpabilizar al docente de dicho fracaso, y sobrecargarlo, ¡AÚN MÁS!, de tareas burocráticas con la cumplimentación de múltiples informes cuya utilidad y finalidad es, como mínimo, discutible.

En conclusión, exigimos nuevamente a la Consejería de Educación y Universidades que dicte las instrucciones pertinentes para que las labores de Inspección se ajusten a los principios que la rigen (tanto en la letra como en el espíritu de la norma) y a los “deseos” expresados por los dirigentes de la Consejería, que vele por el cumplimiento de dichos principios y que sancione a quien los incumpla.