PROPUESTA:<\/p>\n
Que, tras finalizar los procedimientos selectivos de estabilizaci\u00f3n derivados de la Ley 20\/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci\u00f3n de la temporalidad en el empleo p\u00fablico (B.O.E. n\u00fam. 312, de 29 de diciembre) (concurso \u2013 oposici\u00f3n extraordinario y concurso excepcional de m\u00e9ritos), no se proceda a la actualizaci\u00f3n y ordenaci\u00f3n de las listas de empleo para el desempe\u00f1o de puestos en r\u00e9gimen de interinidad.{jcomments off}<\/p>\n
MARCO JUR\u00cdDICO<\/p>\n
DESARROLLO:<\/p>\n
Es preciso se\u00f1alar que, en los procedimientos selectivos, las bases de la convocatoria resultan ser las \u00abreglas del juego<\/em>\u00bb, la \u00abLey del contrato<\/em>\u00bb, siendo plenamente vinculantes para las partes concurrentes: Administraci\u00f3n convocante y aspirantes. En este sentido, la base espec\u00edfica 16\u00aa.1, de conformidad con la legislaci\u00f3n b\u00e1sica del Estado establec\u00eda expresamente que en la resoluci\u00f3n de nombramiento \u201cse proceder\u00e1 a la adjudicaci\u00f3n del primer destino definitivo\u00bb, yendo por ello contra sus propios actos y las propias \u201creglas de juego<\/em>\u201d. Sobre el alcance de la afirmaci\u00f3n que las bases de la convocatoria son la ley del contrato, es preciso extractar la siguiente jurisprudencia que se extracta:<\/p>\n Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci\u00f3n 7\u00aa, Sentencia de 29 Abr. 2011, Rec. 287\/2010:<\/strong><\/p>\n \u00abConviene recordar que tiene declarado el Tribunal Supremo, ya desde la antigua Sentencia de 14 septiembre 1988 (RJ 19886619), con constante reiteraci\u00f3n ulterior que hace innecesaria la cita individualizada, que las bases de la oposici\u00f3n son la llamada \u00abley de oposici\u00f3n o concurso\u00bb, de manera que vinculan a la Administraci\u00f3n desde luego, pero tambi\u00e9n a los que participan en dichas pruebas selectivas, no pudiendo a posteriori impugnarse dichas bases, que, una vez aprobadas, s\u00f3lo son modificables con sujeci\u00f3n estricta a las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, hoy Ley 30\/1.992, de 26 de noviembre\u00bb<\/strong><\/em>.<\/em><\/p>\n Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci\u00f3n 7\u00aa, Sentencia de 8 Mar. 2006, Rec. 6077\/2000:<\/strong><\/p>\n \u00abSEGUNDO.- La sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida desestim\u00f3 el recurso. En sus fundamentos, recuerda el criterio jurisprudencial uniforme de que las bases de la convocatoria de un concurso o pruebas selectivas constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resoluci\u00f3n de los mismos, de tal manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administraci\u00f3n, as\u00ed como a los Tribunales y Comisiones encargados de la valoraci\u00f3n de los m\u00e9ritos,<\/strong> no pudi\u00e9ndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30\/1992. Tal planteamiento ten\u00eda su reflejo normativo en el art\u00edculo 3 del Real Decreto 1411\/1968, de 27 de junio, que aprob\u00f3 el Reglamento General de Ingreso en la Administraci\u00f3n P\u00fablica, y se plasm\u00f3 en el art\u00edculo 13.4 y 5 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364\/1995, de 10 de marzo, lo que supone que el procedimiento selectivo debe ajustarse a las previsiones contenidas en las bases\u00bb.<\/em><\/p>\n <\/strong><\/p>\n Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Secci\u00f3n 7\u00aa, Sentencia de 12 Dic. 2012, Rec. 7143\/2010:<\/strong><\/p>\n \u00abAceptando, por tanto, que era la Comisi\u00f3n de selecci\u00f3n la que se encontraba facultada para adoptar cuantos criterios de actuaci\u00f3n y calificaci\u00f3n estimara precisos a fin de garantizar una actuaci\u00f3n homog\u00e9nea de los diferentes tribunales que se designaron para evaluar la especialidad de infantil, lo que resulta innegable es que los criterios y pautas que, en su caso, fueran fijados en el ejercicio de dicha facultad no pod\u00edan resultar contrarios a las bases pues, como reiteradamente viene sosteniendo esta Sala, las bases de la convocatoria de un proceso selectivo constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resoluci\u00f3n de los mismos de forma que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administraci\u00f3n<\/strong>. Conviene asimismo recordar, llegados a este punto, que esta Sala, por todas sentencia de 18 de marzo de 2011 (recurso de casaci\u00f3n n\u00ba 4278\/2009) viene considerando que este tipo de actuaciones preparatorias -encaminadas a fijar los criterios de calificaci\u00f3n de las pruebas selectivas- no forman parte del n\u00facleo del juicio t\u00e9cnico sobre el que opera la discrecionalidad t\u00e9cnica con la que cuentan los tribunales encargados de la selecci\u00f3n de personal, pudiendo ser objeto de fiscalizaci\u00f3n jurisdiccional\u00bb.<\/em><\/p>\n Respecto a la modificaci\u00f3n de las bases de la convocatoria, si bien es correcto (por pac\u00edfico) el decir que las bases de las convocatorias son la ley de esas pruebas selectivas, dicha met\u00e1fora no impide que las mismas puedan ser modificadas, siempre y cuando est\u00e9 debidamente motivado (art. 35 L39\/2015), entendiendo que dicha decisi\u00f3n no supone una desigualdad, un trato discriminatorio, no pudiendo obviar el hecho que los aspirantes en dichos procesos excepcionales de estabilizaci\u00f3n tienen una expectativa a ingresar en las listas de empleo una vez finalice el proceso selectivo, no un derecho absoluto. Entendemos que concurren razones de diversa \u00edndole que habilitan la modificaci\u00f3n pretendida (sobre todo razones de \u00edndole de gesti\u00f3n pr\u00e1ctica de la propia lista de empleo y su naturaleza: ser un proceso \u00e1gil para la cobertura temporal de plazas docentes no universitarias).<\/p>\n Como se ha dicho, el derecho de acceso ordinario a las listas de empleo una vez finalice el proceso selectivo no es un derecho absoluto, pudiendo suspenderse o alterarse siempre que concurran razones justificadas para ello y siempre que a\u00fan no haya finalizado el proceso selectivo extraordinario, debiendo publicarse, previa tramitaci\u00f3n oportuna, la modificaci\u00f3n e inici\u00e1ndose mediante memoria propuesta de la Direcci\u00f3n General de Personal donde se motiven y justifique la decisi\u00f3n (razones de \u00edndole de pr\u00e1ctica, no supondr\u00e1 una alteraci\u00f3n de las listas respecto al personal que se encuentra en Canarias al afectar a la gesti\u00f3n diaria posterior de las listas con los posibles nombramientos fallidos y tardanza en las tomas de posesi\u00f3n).<\/p>\n