La implantación de la Formación Profesional (FP) Dual puede ser vista como una iniciativa con intenciones válidas e interesantes para el desarrollo y adaptación profesional del alumnado en un mundo cada vez más cambiante. Pero nos plantea importantes retos y nos genera contradicciones con respecto a los principios de equidad y justicia social. Es imprescindible que desde los agentes sociales se aborden sus implicaciones para el sistema educativo, el mercado laboral y los derechos del profesorado y el alumnado:
1. Formación en función del mercado, y no de las necesidades sociales.
Es importante que la educación no solo prepare para el empleo, sino que también forme a los ciudadanos para transformar la sociedad y luchar por la justicia social. En este sentido, es necesario evitar que la FP Dual pueda desviar la orientación de la educación pública hacia una lógica utilitarista, donde el fin último de la formación es satisfacer las demandas del mercado en lugar de fomentar el desarrollo integral de la persona.
La educación debería empoderar a los individuos para ser agentes de cambio, en lugar de ser un instrumento para reforzar el statu quo económico.
Por tanto, una de las principales cuestiones a vigilar es la la mercantilización de la educación. Al integrarse la formación académica con la formación en empresas, se corre el riesgo de que el sistema educativo se subordine totalmente a los intereses del mercado y de las empresas privadas, de que el currículo y los objetivos educativos se diseñen solo en función de las demandas cambiantes del mercado.
Esto puede llevar a una reducción del papel de la educación como un derecho social y una herramienta de emancipación individual y colectiva, convirtiéndola en un medio para únicamente satisfacer las necesidades laborales inmediatas del sector empresarial y perpetuar un modelo económico que prioriza los beneficios empresariales por encima de los derechos de los/as trabajadores/as y el bienestar social.
En consecuencia, se reduciría el valor formativo integral de la FP a una simple capacitación para cubrir puestos de trabajo, en lugar de formar a personas con pensamiento crítico y con una base amplia y sólida de conocimientos. Se priorizaría así la formación de mano de obra ‘útil’ para las empresas, y reproduciendo la lógica del capital en el ámbito educativo.
2. Precarización laboral del alumnado y desigualdad territorial y sectorial.
Otra de las cuestiones que debe ser meditada y vigilada desde los agentes sociales, es la posibilidad de que la FP Dual pueda generar una forma de precarización encubierta del trabajo juvenil.
Al incluir periodos de formación en empresas, es común que los/as estudiantes realicen tareas laborales bajo la etiqueta de ‘formación’, sin contar con los derechos laborales plenos que tendría un/a trabajador/a contratado/a. Esto puede llevar a que las empresas utilicen a los/as estudiantes como mano de obra barata o incluso gratuita, aprovechando la flexibilidad del sistema para cubrir necesidades operativas a bajo coste.
Además, la calidad de la formación recibida puede depender significativamente del compromiso de la empresa, lo que introduce un elemento de desigualdad. No todas las empresas ofrecen las mismas oportunidades de aprendizaje, y algunas pueden ver la FP Dual simplemente como una fuente de trabajadores/as sin coste, en lugar de como un programa educativo.
Otro elemento de desigualdad en la implementación de la FP Dual es la diversidad territorial y sectorial. Los sectores productivos y las empresas disponibles varían significativamente según la región, lo que puede llevar a que las oportunidades de formación sean de menor calidad o inexistentes en zonas rurales o menos industrializadas. Esto puede acentuar las desigualdades territoriales ya existentes, al proporcionar menos opciones formativas en áreas con menos presencia empresarial.
Además, la FP Dual tiende a beneficiar a ciertos sectores económicos en detrimento de otros, lo que puede dar lugar a una educación menos diversificada.
3. Impacto en los Derechos Laborales del Profesorado.
Un aspecto que ya está ocurriendo en la implantación de la FP Dual son las tensiones en relación con las condiciones laborales del profesorado. La creciente carga administrativa, la coordinación con las empresas y la tutoría de los/as estudiantes en sus prácticas suman nuevas responsabilidades a los/as docentes, sin una reducción proporcional de la carga lectiva a impartir. Esto ha derivado en una sobrecarga de trabajo que, en última instancia, afecta a la calidad de la enseñanza.
La incorporación de la FP Dual al sistema educativo sin una planificación adecuada y sin garantizar recursos suficientes es una forma de imponer más responsabilidades a los/as trabajadores/as del sector público sin mejorar sus condiciones laborales. Esta tendencia, si no se corrige, estaría contribuyendo a la precarización de la labor docente.
En conclusión, la FP Dual debería ser rediseñada para evitar su instrumentalización por parte de intereses privados, y asegurar que su implementación no comprometa los derechos del alumnado ni del profesorado.
Algunas propuestas serían:
– Garantizar la calidad de la formación en empresas mediante una supervisión rigurosa, evitando que los/as estudiantes sean utilizados/as como mano de obra barata.
– Fortalecer los derechos laborales de los/as estudiantes en formación, equiparando su protección a la de cualquier trabajador/as.
– Aumentar los recursos y la contratación de personal docente, para asegurar una implementación adecuada sin sobrecargar al profesorado.
– Promover una educación que fomente el pensamiento crítico y la transformación social, evitando que el currículo esté condicionado únicamente por las demandas del mercado laboral.
La FP Dual puede ser una herramienta valiosa, pero debe transformarse para servir a las personas y a la sociedad, no únicamente a los intereses del capital.